Medellín, 23 de noviembre de 2023
Doctor
HERNANDO HERRERA MERCADO
Director Ejecutivo
Corporación Excelencia en la Justicia
Bogotá D. C.
Cordial saludo,
En respuesta a su amable misiva en la que le comunica a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín que ha sido elegida como ganadora de la categoría Mejor Acción Contra la Corrupción de los Premios Excelencia en la Justicia 2023 que otorga la Corporación que usted dirige, le informo que la Sala acepta dicho reconocimiento.
No creemos que constituya motivo de distinción cumplir con el deber que el cargo les impone a los funcionarios judiciales, por lo que, si la Corporación encontró un plus de mérito en las actuaciones de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, entendemos que se debe a que, en alguna medida, estamos realizando el legado que nos dejaron cuando menos las dos últimas generaciones de Magistrados que nos antecedieron.
Ellos nos transmitieron no solo la perspectiva crítica fundada en la dogmática, que caracterizó al pensamiento jurídico antioqueño de la segunda mitad del siglo pasado, sino también su indeclinable decisión de no hacer concesiones a la delincuencia, al costo que fuera, como lo muestra que en la década del 80 del siglo pasado el Tribunal afrontó la muerte de la magistrada Mariela Espinosa Arango y de los magistrados Héctor Jiménez, Gustavo Zuluaga Serna y Álvaro Medina Ochoa en razón de sus funciones. El dolor y la indignación causada por los luctuososhechos se trasformaron con el tiempo en la reafirmación vivencial de mantener el contexto ético en la institución de hacer siempre lo correcto, lo que impone en el ámbito judicial, condenar o absolver, según el derecho y la realidad procesal.
Por efectos de la carrera judicial, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín la integran no solo importantes juristas de conocida trayectoria oriundos de la región, sino también magistrados de carrera provenientes de distintos lugares de la geografía nacional, lo que no ha sido óbice para que todos asumamos el reto de mantener el prestigio del Tribunal que forjaron nuestros antecesores.
Hoy podemos preciarnos de ser un Tribunal en el cual, para los nombramientos no regidos por el concurso, acudimos a los criterios de mérito hasta donde la objetividad lo permita, sin reparto de postulaciones, con miras a desestimular cualquier cercanía al clientelismo burocrático que perturba la autonomía judicial; así mismo, estadísticamente somos líderes en tramitar el juzgamiento que tenemos a cargo en primera instancia de los funcionarios judiciales, de modo que prontamente la comunidad y el procesado vean dilucidada la responsabilidad atribuida en asuntos relevantes para la administración de justicia.
En esta década la Sala será objeto de su renovación, ante lo cual solo nos cabe continuar forjando este talante de transparencia que en parte contribuyeron a formar nuestros antecesores y que esperamos sea un reto que asuman las nuevas generaciones.
También somos conscientes de nuestras falencias, así como las de los jueces y las del sistema penal acusatorio que se aproxima a los 20 años del inicio de su instauración, frente al cual, en unapoco usual carta dirigida al Congreso de la República hemos propuesto abandonar las perspectivas normativistas punitivistas para pasar a un enfoque que se aproxime más a la realidad del funcionamiento del sistema, y superar sus más notorias deficiencias con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y de la gestión de sus actores.
En este sentido, concluimos haciendo votos por una evaluación rigurosa del sistema de juzgamiento penal, pero desde ya tenemos que reclamar el cumplimiento total de la obligación constitucional de la Fiscalía General de la Nación de proveer por concurso los cargos de carrera; como también que rijan los principios de transparencia y eficiencia en la Defensoría Pública para que ―por fin― tenga una contratación seria y estable en tanto la movilidad y la opaca rotación de la planta de defensores entorpece la realización de los juicios y, en general, la eficacia en una labor tan compleja como es la de administrar justicia.
De Usted,
MIGUEL HUMBERTO JAIME CONTRERAS
PRESIDENTE